Anteproyecto de Ley de Administración Electrónica


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El Gobierno Dominicano tiene prioridad y firme propósito de articular iniciativas sectoriales en el sentido de masificar en el país el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, buscando modernizar el Estado, aumentar la competitividad del sector productivo y socializar el acceso a la información. Nuestro país está viviendo momentos especiales, momentos de grandes oportunidades para toda la sociedad dominicana, oportunidades que se encuentran intrínsecamente relacionadas con las Tecnologías de la Información y Comunicación. En tal sentido, es nuestro deber velar para que las Tecnologías de la Información y Comunicación formen parte integral del desarrollo sostenible de nuestro país, intensificando el uso de las mismas en los quehaceres cotidianos.

En adición a los esfuerzos realizados hasta la fecha, es necesario que el Gobierno del Estado Dominicano garantice una aplicación armonizada de los avances de las Tecnologías de la Información y Comunicación a fin de optimizar las funciones y servicios gubernamentales, alcanzar un desempeño más eficiente, aumentar el acceso a la información y servicios públicos, y mejorar la participación ciudadana en la Administración Pública. Asimismo, es necesaria una mayor cooperación interinstitucional para la provisión de los servicios gubernamentales ofrecidos a través de medios electrónicos, telefonía y otras tecnologías de la información y comunicación, con un marco legal adecuado para la Administración Pública y los ciudadanos.

Existe un compromiso país ante organismos internacionales y otros países del mundo para dar cumplimiento a los acuerdos emanados en la Declaración de los Objetivos del Milenio, la Declaración de Bávaro, la Declaración de Principios y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información, la Declaración de Santo Domingo, y la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico. Es por esto que la Constitución Dominicana establece como un deber fundamental del Estado, garantizar la promoción de una Administración Pública eficiente y velar por el ejercicio transparente de la función pública.

Del mismo modo, la Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030, instituye la transversabilidad de las Tecnologías de la Información y Comunicación, estableciendo como uno de los objetivos "impulsar el desarrollo del Gobierno Electrónico sobre la base de redes tecnológicas interoperables entre sí, propiciando la interacción y cooperación con la población y el sector productivo nacional."

Por otro lado, la Estrategia de la Sociedad de la Información y del Conocimiento de la República Dominicana promueve dentro de sus objetivos generales fortalecer la transparencia y eficiencia en la gestión gubernamental, a través de la interacción estado-sociedad mediante el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

A tales fines, la Estrategia de Gobierno Electrónico, desarrollada e implementada en esta gestión gubernamental busca transformar nuestro gobierno, en un gobierno más ágil, transparente, eficaz, productivo y participativo, que pueda brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

No obstante, el desarrollo de los servicios gubernamentales a través de medios electrónicos que implican cooperación interinstitucional es desafiante por la falta de una base legal común y suficiente que los enmarque. Uno de los mayores retos en la implementación del Gobierno Electrónico en el país es adecuar la normativa existente y llenar las carencias del marco legal vigente.

Por los motivos antes expuestos, la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) ha redactado el Anteproyecto de Ley de Administración Electrónica de la República Dominicana.

Para la elaboración de este Anteproyecto de Ley se consultaron los regímenes legales de varias jurisdicciones, tales como: España, Italia, Chile, Colombia, Argentina, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Corea del Sur, Estados Unidos de América, Puerto Rico, Canadá, Directivas de la Unión Europea en materia de TIC, la Ley Modelo de la UNCITRAL sobre firmas electrónicas, Compendio de las Naciones Unidas sobre Prácticas Innovadoras en Gobierno Electrónico, Declaración de Santo Domingo, Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico; y diversos documentos relacionados con la temática.

Estas consultas fueron realizadas, a los fines de evaluar como la Administración Electrónica es regulada en estos países, e identificar mejores prácticas; así como para identificar los principios que rigen a nivel internacional esta materia.

Del mismo modo, fue revisada la legislación vigente en la República Dominicana.

El Anteproyecto de Ley plasma en un texto de ley la política del Estado Dominicano en materia de Gobierno Electrónico, y no necesariamente, se limita a regular un status quo actual, sino a proyectar las reformas deseables y que están siendo implementadas, en este ámbito.

Se ha reconocido internacionalmente que la implantación efectiva de la Administración Electrónica, mediante reglas claras y garantistas, tiene un resultado medible objetivamente en la reducción de los costos transaccionales de los trámites y procesos públicos, en el aumento de la transparencia gubernamental, en fin, en la aceleración de la construcción de una gobernabilidad más democrática, con mayor participación y beneficio para el ciudadano.

Para esto, se requiere de la existencia de un organismo de alto nivel gubernamental encargado de desarrollar e implementar la Administración Electrónica en el país, así como coordinar las iniciativas y proyectos de desarrollo, amparado en las Tecnologías de la Información y Comunicación de manera armónica y articulada acorde a los planes generales y estratégicos trazados por el Poder Ejecutivo, función que ha venido desempeñando de manera exitosa la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC).

El servicio al ciudadano exige consagrar su derecho a comunicarse con la Administración Pública por medios electrónicos. La contrapartida de ese derecho es la obligación de ésta de dotarse de los medios y sistemas electrónicos para que ese el referido derecho pueda ejercerse. Esa es una de las grandes novedades del Anteproyecto de Ley: consagrar la relación con la Administración Pública por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación correlativa para la Administración Pública. El reconocimiento de este derecho y su correspondiente obligación se erigen así en el eje central del Anteproyecto de Ley; por lo que parte del principio de la libertad de los ciudadanos en la elección de la vía o canal por el que deseen comunicarse e interactuar con la Administración Pública.

Todos los agentes de la sociedad debemos de comprometernos, apegarnos y apoyar activamente las iniciativas de esta estrategia, que tiene como fin brindarle a la sociedad mejores oportunidades para el desarrollo humano, que garanticen la institucionalidad y el crecimiento económico sostenido para todos. Por lo tanto, a través de este Foro Virtual invitamos a los ciudadanos que se involucren en el análisis y debate del Anteproyecto de Ley de Administración Electrónica de la República Dominicana, y emitan su opinión y consideraciones sobre el mismo.

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